Este paso se da tras dos décadas del caso en los tribunales españoles. "El Tribunal Supremo, de forma incomprensible, dictaminó que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia, los terrenos pasaban a ser urbanizables hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir la sentencia y modificar sus normas urbanísticas. Se trata de un giro más en esta historia repleta de sentencias incumplidas y retrasos injustificables por parte de las administraciones", explica José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, en una nota de prensa.

Con esta decisión, recuerda la organización, el Supremo le otorga las competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, un hecho "muy grave" y que supone "una violación" del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos. "Es un principio fundamental en todo Estado de Derecho que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter general como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras tienen efecto desde el día en que se publica el fallo", argumenta Greenpeace. En este punto, recuerda que la primera sentencia firme que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el PGOU fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en noviembre de 2012. "Supeditar los efectos de la sentencia a que el Ayuntamiento de Carboneras decida cumplirla y tramite el expediente administrativo de modificación del PGOU, supone trasladar a los consistorios la competencia de dar efectividad a las sentencias, privando así a la ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela judicial efectiva", continúa la organización ecologista.

Igualmente, Greenpeace pide al TEDH que, en base al mismo artículo, se "revoque" el nombramiento como ponente de la magistrada del Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía (TSJA), María del Mar Jiménez Morera, que junto a Jorge Muñoz Cortés dictaron sentencia declarando urbanizable El Algarrobico en 2014 y dando la razón a la promotora del hotel, Azata Patrimonio S.L. Esta sentencia fue anulada posteriormente por el Tribunal Supremo. "Nada más dictar sentencia, Muñoz Cortés pidió una excedencia del TSJA y fue contratado por el despacho Martínez-Echevarría, donde sigue prestando sus servicios para el Ayuntamiento de Carboneras", apunta Greenpeace, que continúa: "En la sentencia donde Muñoz Cortés declaró urbanizable El Algarrobico, participó la actual ponente Jiménez Morera.

Esto supone que Muñoz Cortés defiende los intereses del Ayuntamiento de Carboneras ante la misma Sala y Sección de la que formó parte y además la magistrada que resuelve sus escritos es su antigua compañera de Sala. Salvemos Mojácar solicitó su recusación, pero ésta fue rechazada. Greenpeace considera que la magistrada Jiménez Morera no puede ser imparcial" y por eso pide su recusación ante el TEDH. El hotel de 21 plantas situado en zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y a tan sólo 14 metros del mar acumula 50 pronunciamientos judiciales en las últimas dos décadas. Tan sólo el Tribunal Supremo acumula catorce sentencias. La sentencia que ahora denuncia la organización ecologista en Estrasburgo "viene a contradecir otra del mismo tribunal que en 2018 dictaminaba que el paraje de El Algarrobico no era urbanizable".

El hotel comenzó a construirse en 2003 tras conseguir una licencia de obras a pesar de estar en zona protegida tanto por las normas del parque natural como por la Ley de Costas. Las primeras actuaciones judiciales contra el edificio de 411 habitaciones comenzaron en 2005, cuando Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar denunciaron estas irregularidades. A comienzos de 2006, se logró la paralización cautelar de las obras y, desde entonces, el periplo judicial ha sido "interminable". La presentación de la demanda ante el TEDH "supone el fin" del recorrido por todas las instancias judiciales posibles. Además de las denuncias ante los tribunales, en estas dos décadas "Greenpeace ha llevado a cabo casi una decena de acciones de protesta pacífica para visibilizar la ilegalidad del hotel". Más de un centenar de activistas se han enfrentado a acusaciones y multas.

En mayo de este año, se celebrará el juicio contra 28 activistas a los que la Fiscalía no acusa pero para los que la promotora del hotel pide un año de cárcel por persona. "Son 20 años luchando contra un edificio que es el símbolo del maltrato al litoral español y, por desgracia, no sabemos aún cuántos años quedan por delante. Hemos recorrido todos los tribunales en estas dos décadas y el mamotreto sigue ahí. Confiamos en que el Tribunal de Estrasburgo dictamine que el hotel ilegal tiene que desaparecer de la playa de El Algarrobico", concluye María José Caballero, portavoz de Greenpeace.

Fuente: Infobae